Claudia Pozo Huerta Perito Psicóloga Forense · Psicóloga Jurídica y Clínica

Es una evaluación técnica, realizada por un psicólogo con formación y experiencia en psicología forense, destinada a responder preguntas específicas que un tribunal necesita resolver y cuya respuesta exige conocimientos especializados en psicología jurídica y forense. Se solicita en distintos ámbitos del derecho: en materia de familia, en causas de cuidado personal, relación directa y regular, violencia intrafamiliar o vulneración de derechos, entre otras; en materia civil y laboral, para evaluar el daño psíquico derivado de determinados hechos, la capacidad de una persona para ejercer ciertos actos o las consecuencias del acoso laboral o sexual; y en materia penal, en la evaluación de víctimas e imputados y en ámbitos asociados a la psicología del testimonio. En todos los casos, el objetivo es aportar al tribunal información técnica, fundamentada e independiente, que contribuya a una decisión mejor informada.

Solo si cuenta con formación y experiencia específicas en psicología forense; la formación clínica, por sí sola, no es suficiente. La razón está en las diferencias de contexto y propósito entre ambos tipos de evaluación. En la clínica, la persona consulta de manera voluntaria, busca ayuda y, por lo general, tiene interés en describir con franqueza lo que le ocurre; el objetivo es comprender su malestar y contribuir a aliviarlo. En el contexto judicial, en cambio, la evaluación se realiza para responder una pregunta del tribunal, y sus resultados pueden influir en decisiones sobre la propia vida o la de los hijos. Esa condición genera intereses que pueden llevar a las personas evaluadas a omitir información, distorsionarla, exagerar o minimizar dificultades, o incluso mentir, a veces de manera deliberada y otras sin plena conciencia de ello. A esto se suman las posibles ganancias secundarias asociadas al resultado del proceso. Por esta razón, el perito no puede basar sus conclusiones únicamente en el relato de las personas evaluadas ni en instrumentos de autoinforme: debe contrastar esa información con otras fuentes y métodos, y considerar técnicamente la posibilidad de simulación o disimulación. A diferencia de lo que ocurre en la clínica, además, lo que la persona comunica no queda resguardado por la confidencialidad terapéutica, ya que forma parte de un informe dirigido al tribunal.

Por lo mismo, el informe emitido por el psicólogo tratante de un niño o de uno de los padres, aunque puede aportar antecedentes relevantes, no equivale a un peritaje: se basa en la relación terapéutica y en el relato de quien consulta, y quien lo emite no ocupa una posición neutral respecto de las partes.

La diferencia está en quién propone o designa al perito, no en las exigencias técnicas ni éticas del trabajo. En ambos casos el perito debe evaluar con independencia e imparcialidad, aplicar una metodología fundamentada y ajustar su ejercicio profesional a los lineamientos éticos del Colegio de Psicólogos de Chile y a las guías de buenas prácticas en psicología forense. Debe, además, sostener sus conclusiones ante el tribunal si es citado a declarar, y es el juez quien valora el informe en conjunto con el resto de la prueba. Realizo peritajes por ambas vías, con el mismo estándar técnico.

Algunos criterios concretos permiten evaluar la idoneidad de un perito. En primer lugar, que cuente con formación específica en psicología jurídica y forense, y no solo en psicología clínica, ya que la evaluación pericial responde a objetivos, métodos y exigencias distintos de los de la clínica. En segundo lugar, que tenga experiencia pericial sostenida, idealmente no menor a cinco años, y que forme parte del listado de peritos de alguna Corte de Apelaciones. En tercer lugar, que explique con claridad la metodología que utiliza y por qué es adecuada a la pregunta del caso. Esa metodología debe ser multimétodo y multifuente: combinar distintas técnicas —entrevistas psicológico-forenses, observación, instrumentos válidos para un contexto forense y revisión de antecedentes— y contrastar la información proveniente de diversas fuentes, incluidas personas externas al grupo familiar cuando es pertinente. Es ese contraste el que otorga solidez a las conclusiones y resguarda la imparcialidad del perito, porque evita que el informe descanse en el relato de una sola de las partes. Por último, las conclusiones deben responder a la pregunta pericial, distinguir con claridad entre los datos obtenidos y las inferencias que se extraen de ellos, y poder sostenerse en audiencia.

Hay también señales de alerta. Una de ellas es el perito que anticipa conclusiones antes de evaluar o que ofrece garantizar un resultado favorable: el peritaje no es una defensa de parte, sino una evaluación técnica independiente. Otra es que el perito haya mantenido con alguna de las personas evaluadas una relación terapéutica previa, una relación de amistad o cualquier otro vínculo personal, ya que ello compromete la independencia y la imparcialidad que la evaluación exige.

Es comprensible que el costo pese en la decisión, pero no debería ser el criterio principal. Un peritaje puede influir de manera decisiva en resoluciones que afectan profundamente la vida de las personas: con quién viven los hijos, cómo se organiza la relación con ellos, cómo se valora un daño o un testimonio. Del mismo modo que, frente a una cirugía, nadie escogería al profesional solo por su tarifa, al elegir un perito conviene considerar primero su formación específica, su experiencia y la solidez de su método. Un informe con fundamentación débil puede ser cuestionado en audiencia o mediante un informe metapericial y perder valor probatorio; y si no es cuestionado, el riesgo es mayor, porque puede contribuir a decisiones judiciales que no responden a la realidad de las personas evaluadas. En ambos casos, lo que parecía un ahorro termina teniendo un costo mucho mayor, que no se mide solo en dinero sino en sus efectos sobre la vida de las personas, y especialmente de los niños.

Los honorarios no son fijos ni dependen únicamente de la materia de la causa. Se definen caso a caso, en función de su complejidad, que se estima a partir de variables como el número de personas a evaluar, el volumen de antecedentes documentales que deben revisarse, la cantidad de causas vigentes o previas entre las partes, la existencia de aristas penales y la necesidad de entrevistar a fuentes colaterales. No implica el mismo trabajo un caso con judicialización crónica —con diez o doce causas entre las partes, un expediente extenso y numerosas fuentes que consultar— que una causa acotada. Por eso, la cotización se elabora a partir de una descripción general del caso, de modo que refleje con exactitud el trabajo que el peritaje requiere.

Conviene considerar, además, que las entrevistas y la aplicación de pruebas psicológicas, que son la parte visible del peritaje, representan solo una fracción del tiempo que este exige. A ellas se suman muchas horas destinadas a leer los antecedentes judiciales, no solo de la causa en curso sino también de otras causas entre las partes; a analizar e integrar la información proveniente de las distintas fuentes; a interpretar los resultados de la evaluación; y a redactar un informe riguroso, fundamentado y comprensible para el tribunal. Posteriormente, el perito dedica tiempo a preparar su declaración y a trasladarse y comparecer ante el tribunal. Los honorarios reflejan también la formación especializada y la trayectoria del profesional, que inciden directamente en la calidad y solidez del análisis.

Depende de la materia, del número de personas a evaluar, de la cantidad de sesiones requeridas y del volumen de antecedentes que deben revisarse. Un peritaje de familia que involucra a ambos progenitores y a los hijos exige más tiempo que la evaluación de una sola persona. Al solicitar una cotización, informo el plazo estimado según las características del caso y los plazos procesales vigentes.

Sí. Muchas personas consultan antes de iniciar un proceso o en sus primeras etapas. En esa conversación puedo orientar sobre qué tipo de evaluación podría ser pertinente y cuáles son sus alcances. Con todo, la decisión de presentar un peritaje como prueba forma parte de la estrategia judicial, por lo que es recomendable coordinarla con el abogado a cargo de la causa.

Es un análisis técnico de un informe pericial ya emitido. No consiste en volver a evaluar a las personas, sino en examinar la calidad del peritaje existente: si la metodología es adecuada a la pregunta planteada, si los instrumentos se aplicaron e interpretaron correctamente y si las conclusiones se desprenden de los datos o los exceden. Es útil cuando existen dudas fundadas sobre el rigor de un informe que será considerado en una decisión judicial.

Es un espacio de acompañamiento para personas que enfrentan un proceso judicial y necesitan comprender lo que está ocurriendo, tomar decisiones y sostener el desgaste emocional que implica. A diferencia de la psicoterapia, su foco no está en el tratamiento de la historia personal, sino en la situación judicial concreta y su impacto. Tampoco reemplaza la asesoría del abogado: la complementa desde la psicología jurídica. La orientación psicojurídica es un servicio distinto del peritaje, y ambos roles no se ejercen con la misma persona en una misma causa.

Formo parte del listado vigente de peritos de las Ilustres Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso, Rancagua, La Serena y Valdivia. Para causas tramitadas en regiones, las condiciones de la evaluación se acuerdan según las características de cada caso.